El proyecto presentado en la Legislatura de Neuquén para reducir la feria judicial generó un fuerte debate político e institucional. La iniciativa fue impulsada por la diputada Gisselle Stillger, pero recibió cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial y también dentro del propio Poder Legislativo.
La propuesta plantea modificar el actual esquema de receso en el Poder Judicial de Neuquén y reducirlo a una semana en julio y dos semanas en enero.
Una de las críticas más fuertes llegó de la diputada provincial Mónica Guanque, quien advirtió que el proyecto implica un debate que excede la duración del receso judicial y pone en discusión la relación entre los poderes del Estado.
Según sostuvo, la iniciativa podría interpretarse como una interferencia del Poder Legislativo en el funcionamiento interno del sistema judicial. En ese sentido, recordó que la división de poderes es uno de los pilares del sistema democrático y que cada poder del Estado tiene autonomía para organizar su estructura y su funcionamiento.
“Una legisladora no puede indicarle al Tribunal Superior de Justicia cómo debe organizarse”, planteó.
Guanque también cuestionó la idea, instalada en parte del debate público, de que la feria judicial representa un privilegio para jueces y trabajadores judiciales. Desde su perspectiva, el receso cumple una función administrativa dentro del sistema.
Durante ese período, explicó, los tribunales continúan atendiendo los casos urgentes mientras se reorganizan tareas y expedientes en un sistema que, según afirmó, ya trabaja con una alta carga laboral.
“La Justicia está sobresaturada”, señaló, al tiempo que explicó que la feria permite ordenar el funcionamiento interno de los juzgados sin el ritmo habitual de audiencias y trámites.
Para la legisladora, si el objetivo es mejorar la rapidez y la calidad del servicio judicial, el debate debería centrarse en otros aspectos estructurales.
Entre ellos mencionó la necesidad de crear más juzgados, incorporar personal en áreas clave del sistema judicial y avanzar en la modernización tecnológica de los tribunales.
Además, sostuvo que muchos de los retrasos que perciben los ciudadanos no dependen directamente del trabajo de los juzgados, sino de los plazos establecidos en los códigos procesales, que en algunos casos quedaron desactualizados.