La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un entrenador de fútbol, identificado como D.E.M., acusado de abuso sexual, grooming, corrupción de menores y otros delitos de índole sexual contra al menos un adolescente menor de 18 años.
La imputación fue presentada por la asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal del caso Gastón Medina, quienes sostienen que los hechos ocurrieron en un contexto de confianza generado por el rol del acusado como profesor. Según la investigación, no se descarta la existencia de otras víctimas, en causas que aún están en curso.
Por razones de protección, tanto la identidad del imputado como el nombre del club y otros datos vinculados al caso se mantienen en reserva para evitar la identificación de las víctimas.
De acuerdo con la teoría del caso, los hechos comenzaron en 2025, cuando el entrenador contactó al adolescente para sumarlo a un equipo. A partir de ese vínculo, se generó una relación cercana que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, y que se habría extendido hasta marzo de este año.
En ese contexto, la fiscalía le atribuye conductas reiteradas de acercamiento indebido, que incluyeron ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y situaciones de contacto físico sin consentimiento. Estos episodios habrían ocurrido en distintos lugares, tanto en encuentros privados como durante viajes.
Según explicó Sabatte durante la audiencia, el adolescente mantuvo silencio durante meses por temor, ya que el acusado le habría dicho que conocía personas que podían hacerle daño a su familia.
Además, la acusación incluye que el entrenador entregaba regalos como botines y teléfonos, organizaba viajes y pretemporadas —prácticas inusuales en esas categorías— y solicitaba el envío de imágenes íntimas a cambio de dinero. Estas conductas, indicaron, no solo involucrarían a la víctima principal, sino también a otros integrantes del equipo.
El caso salió a la luz cuando el adolescente logró contar lo ocurrido a su familia, preocupado por la posibilidad de que otros jóvenes pudieran ser afectados. A partir de allí, se inició la denuncia y la intervención judicial. La fiscalía confirmó que existen otras denuncias en investigación, por lo que la imputación podría ampliarse.
En esta instancia, los representantes del Ministerio Público Fiscal encuadraron provisoriamente los hechos en los delitos de abuso sexual simple agravado —por haber sido cometido por el encargado de la guarda y la educación— en grado de tentativa y en forma continuada; abuso sexual simple agravado en concurso real (tres hechos); corrupción de menores agravada; promoción de la prostitución agravada; exhibiciones obscenas agravadas; y grooming.
La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia interviene como querella institucional y adhirió a la acusación fiscal.
En cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a la víctima y a los testigos, quienes son adolescentes.
Finalmente, el juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del acusado por 15 días. El magistrado explicó que ese período permitirá avanzar en medidas clave mientras se analiza la posibilidad de una detención domiciliaria, tal como solicitó la defensa.