La semana pasada se aprobó un proyecto de ley en la provincia de Neuquén que le prohíbe a las personas que estén inscriptas en el registro de deudores alimentarios y de violencia de género ingresar a espectáculos públicos pagos.
La iniciativa emula a dos normativas que ya existen por ejemplo en Buenos Aires y Salta. De hecho, hay antecedentes de deudores que no pudieron ingresar a un recital de Los Piojos y a un partido entre las selecciones de Argentina y Brasil.
Hasta acá nada cuestionable. Pero…
Un sector que no fue convocado a hacer sus aportes es el de las empresas organizadoras de eventos. Que serán las que tengan que aplicar la ley y asumir las sanciones en caso de no hacerlo.
Hubo malestar cuando se enteraron de que ya se había aprobado el proyecto. Es más, se va a tratar en la reunión de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AAET).
Según dijeron no tienen problema en que se controle en el ingreso a los espectáculos; pero no quieren hacerlo ellos. La logística es cara y complicada. Mínimamente deberían haberlos convocado a opinar de acuerdo a su experiencia.
Queda la etapa de reglamentación; que es el momento en que el poder ejecutivo decide cómo se van a aplicar las leyes. Tal vez ahí podrían (o deberían) convocar a quienes se verán afectados con esta nueva herramienta legal.