La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el CIN y la UBA y ordenó al Gobierno nacional poner en marcha la ley. Consideró que el Ejecutivo utilizó un decreto para condicionar su aplicación después de que el Congreso rechazara el veto presidencial.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el artículo del Decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional.
El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795, incluyendo el dictado de las normas reglamentarias y las medidas necesarias para su ejecución.
Qué pasó con la Ley de Financiamiento Universitario
La controversia comenzó en 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.795, destinada a establecer medidas para el financiamiento de las universidades nacionales.
El Poder Ejecutivo había vetado la norma mediante el Decreto 647/2025, pero tanto Diputados como el Senado rechazaron el veto y ratificaron la ley con las mayorías especiales de dos tercios previstas por la Constitución.
Posteriormente, el Gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, aunque incorporó una condición: su ejecución quedaba vinculada a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
Ese punto fue cuestionado ante la Justicia por las universidades.
Qué dijo el juez
En su fallo, Cormick sostuvo que esa condición terminó funcionando como un mecanismo para impedir la aplicación efectiva de una ley que había sido ratificada por el Congreso después del rechazo del veto presidencial.
El magistrado consideró que el decreto no superaba un estándar mínimo de razonabilidad y señaló que el Poder Ejecutivo no puede volver a impedir mediante un decreto la aplicación de una ley que el Congreso ratificó con las mayorías constitucionales requeridas.
Según la resolución, la medida cuestionada funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y configuró una instancia de veto que, según el juez, no está contemplada por la Constitución Nacional.
Cormick también rechazó el argumento de que la ley no estableciera mecanismos para determinar cómo financiar las medidas previstas. En ese sentido, señaló que la propia norma contempla pautas para su financiamiento y faculta al jefe de Gabinete a realizar determinadas reasignaciones presupuestarias.
El reclamo de las universidades
Los planteos judiciales del CIN y la UBA fueron unificados. Las universidades habían advertido sobre el impacto de la falta de actualización de sus partidas y de los salarios docentes y no docentes.
En su presentación, la UBA sostuvo que la situación había provocado un deterioro de sus recursos y afectado el funcionamiento de sus facultades, colegios preuniversitarios y hospitales universitarios.
Por su parte, el Estado nacional defendió la validez del Decreto 759/2025 y argumentó que la aplicación de la ley implicaría un gasto superior al billón de pesos, con un impacto significativo sobre las cuentas públicas.
El juez, sin embargo, cuestionó parte de ese cálculo y analizó también el contexto presupuestario nacional. Señaló que durante 2024 y 2025 no se sancionó una nueva Ley de Presupuesto y se mantuvieron vigentes partidas correspondientes a ejercicios anteriores.
Qué contempla la ley
La resolución también menciona acuerdos alcanzados en junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes.
Entre las medidas previstas se encuentra una actualización salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos, además de una recomposición del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades desde junio de 2026.
La normativa también contempla una partida especial de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
