El diputado provincial Cesar Gass presentó un proyecto de comunicación pidiendo declarar la Emergencia Nacional ígnea en la Patagonia, en el marco de una sequía extraordinaria y una ola de incendios forestales sin precedentes que afectan gravemente a las provincias del sur y a áreas protegidas de valor ambiental y cultural incalculable.
Durante el presente verano, la provincia de Chubut es una de las más castigadas, con incendios en la Comarca Andina, particularmente en la zona de Lago Epuyén y Río Turbio, y en el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. También se registraron focos de gran magnitud en Santa Cruz, en el área norte del Parque Nacional Los Glaciares, y en temporadas recientes en nuestra Provincia, Neuquén sufrió incendios forestales trágicos en el Valle de Magdalena en el Parque Nacional Lanín y, a su vez, la Provincia de Río Negro en El Bolsón y toda el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido -ANPRALE-.
“La Patagonia atraviesa por segundo verano consecutivo incendios devastadores que destruyen bosques, afectan comunidades enteras y generan consecuencias irreversibles sobre la biodiversidad, el paisaje, la producción y el turismo”, señaló el legislador.
El proyecto advierte que el cambio climático de origen antrópico ha incrementado la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, dando lugar a incendios de sexta generación, caracterizados por su comportamiento más violento, explosivo e impredecible. En este contexto, Gass subrayó la urgente necesidad de reforzar los recursos para el combate del fuego, incluyendo más medios aéreos, brigadistas, maquinaria pesada, equipamiento, asistencia sanitaria y apoyo logístico para los equipos que enfrentan condiciones extremas desde hace semanas.
Asimismo, el diputado cuestionó el desfinanciamiento de las políticas de prevención y manejo integral del fuego, y recordó que el Plan Nacional de Manejo del Fuego tuvo una subejecución cercana al 25 % del presupuesto, lo que equivale a unos 20.000 millones de pesos que no se destinaron a fortalecer el sistema ni a asistir a las provincias.
“El derecho a un ambiente sano está consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y ha sido reafirmado por la Corte Suprema, que estableció que no se trata de una mera declaración de principios, sino de una obligación concreta del Estado”, remarcó Gass, citando además el principio in dubio pro natura, que ordena priorizar la protección ambiental ante la duda.
Finalmente, el proyecto busca dar una respuesta federal, urgente y coordinada frente a una problemática que se repite cada verano y que exige decisiones políticas inmediatas para proteger el patrimonio natural, a las comunidades afectadas y a las generaciones futuras.