Es cierto que el servicio de justicia es importantísimo, es cierto que sus funcionarios deben ser bien remunerados para fallar con libertad, sin presiones. También es cierto que algunas funciones dentro del poder judicial son mucho más importantes y tienen más responsabilidad que otros.
Dicho esto; hay que decir que la conocida como “Ley Kohon” en Neuquén es discutible. Prueba de ello podría ser el modo en que en el año 2005 se aprobó. A las 3 de la mañana; se podría decir entre gallos y medianoche sin faltar a la verdad.
Esa ley establece que para magistrados judiciales, fiscales y fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, secretarios y prosecretarios, de todas las instancias respectivamente, se bonificará el tiempo de antigüedad computable de servicio o de matriculación en el colegio profesional, según sea más favorable al beneficiario. Para los restantes funcionarios y agentes la bonificación se calculará en función de la antigüedad en el servicio.
Es decir, la antigüedad se calcula desde el momento en que se recibieron, no importa cuando entren al poder judicial.
Se hizo esa regulación porque había un caso testigo; el del Ricardo Kohon, un juez que cobraba menos que otros que tenían un cargo de menor jerarquía, pero mayor antigüedad. Cabe aclarar que no estamos hablando de sueldos mínimos; muy lejos de eso.
Esta semana se presentó un proyecto para dar marcha atrás con el artículo 10 de la ley de autarquía del poder judicial. Una iniciativa que ya fracasó varias veces que el gremio judicial (SEJUN) hizo el mismo intento.
Mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras la reman para llegar a fin de mes; ven sus derechos laborales diluirse con reformas retrógradas; otros y otras tienen “coronita”. Unos tanto y otros tan poco.