El juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
La resolución también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja, y a un grupo de seis mujeres identificadas en el expediente como presuntas prestamistas o acreedoras de Adorni.
El objetivo de la decisión judicial es acceder a información patrimonial y financiera que permita determinar si existieron irregularidades en la evolución de los bienes de los investigados.
Acceso a cuentas y movimientos
Con esta medida, la Justicia podrá analizar en detalle los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, su esposa y la empresa. Esto incluye depósitos, transferencias, inversiones, créditos, consumos con tarjetas y declaraciones impositivas.
El levantamiento del secreto —que normalmente protege la confidencialidad de estos datos— solo puede realizarse con autorización judicial, en el marco de una investigación penal.
Además, el juez habilitó el acceso a información contemplada en la ley de prevención del lavado de activos, lo que amplía el alcance de los datos que podrán ser revisados.
Alcance de la investigación
El fiscal Pollicita solicitó que el análisis abarque el período desde el 1 de enero de 2022, con el fin de reconstruir el patrimonio de la pareja antes y después del ingreso de Adorni a la función pública.
Entre las medidas solicitadas, se incluye un pedido al Banco Central para relevar todas las cuentas bancarias, productos financieros, cajas de seguridad, préstamos y operaciones registradas a nombre de los involucrados.
También se requirió información sobre el uso de billeteras virtuales, cuentas digitales y cualquier instrumento dentro del sistema de pagos, con el detalle de ingresos, egresos, transferencias y otras operaciones.
Por otra parte, la fiscalía pidió a ARCA las declaraciones juradas de impuestos, bienes personales y toda documentación vinculada a la situación patrimonial de Adorni, Angeletti y la empresa investigada.
La investigación busca reconstruir el circuito del dinero y determinar si existieron maniobras compatibles con delitos económicos, como lavado de activos o evasión fiscal.