Un fallo judicial ordenó la adopción de medidas de protección urgentes para una alumna de 11 años en Neuquén, que sufrió situaciones persistentes de bullying en la escuela a la que asiste. La resolución, firmada por la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, también requirió la intervención del Ministerio de Educación provincial para garantizar un entorno escolar seguro.
El caso se conoció en el marco de la internación involuntaria de la menor, quien presentó conductas autolesivas severas e ideación suicida. Según se detalló, las agresiones eran reiteradas y estaban centradas principalmente en su apariencia física, lo que derivó en un cuadro de angustia significativa, retraimiento y afectación emocional persistente.
Ante este escenario, la magistrada solicitó la intervención de equipos técnicos especializados en convivencia escolar y pidió al Ministerio de Salud de Neuquén que un profesional en psiquiatría infantojuvenil evalúe a la niña. De acuerdo a los informes médicos, la internación fue la única alternativa terapéutica viable ante un riesgo “cierto e inminente”.
Además, se intimó al establecimiento educativo a informar qué medidas adoptó hasta el momento y cuáles implementará a futuro. También se exigió una respuesta inmediata al pedido de cambio de turno realizado por la familia, que hasta ahora no había tenido respuesta institucional.
En su resolución, Fortbetil advirtió una “insuficiente intervención del ámbito educativo” frente a la situación de violencia escolar, lo que habría agravado el cuadro y contribuido a la cronificación del malestar. Por ello, ordenó la elaboración de un plan institucional para abordar la conflictividad.
Entre las acciones requeridas, la escuela deberá implementar prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados, orientadas a visibilizar el daño causado, promover la responsabilización y reconstruir el clima de convivencia escolar.
La jueza también alertó sobre la “naturalización de las conductas autolesivas” en un contexto que podría estar favoreciendo dinámicas de riesgo entre pares, y remarcó que el caso refleja un cuadro de “extrema vulnerabilidad” que exige una intervención urgente, integral y coordinada.
Finalmente, recordó que el derecho a la vida, la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes está garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, y subrayó la responsabilidad del sistema educativo en la prevención y abordaje de este tipo de situaciones.