La CGT volverá a movilizarse el próximo miércoles frente al Congreso de la Nación, cuando el Senado comience a debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue adoptada este mediodía por el Consejo Directivo de la central obrera, reunido en la sede de Azopardo 802.
La convocatoria será desde el mediodía y, si bien durante el encuentro se analizaron distintas alternativas de protesta, no prosperaron las propuestas de realizar paros generales de 12 o 48 horas. En cambio, se resolvió avanzar con una movilización sin cese general de actividades, aunque cada sindicato quedará habilitado a disponer medidas propias para facilitar la participación de los trabajadores.
Durante la reunión hubo posturas encontradas. Los gremios del transporte nucleados en la CATT propusieron un paro de 12 horas para favorecer la concurrencia, mientras que Sebastián Maturano, de La Fraternidad, planteó directamente una huelga de 48 horas. Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, reclamó además que la movilización sea parte de un plan de lucha progresivo.
Finalmente, la conducción cegetista —donde predomina el sector dialoguista— optó por mantener abierta la negociación política y legislativa para introducir cambios en el proyecto oficial, al tiempo que sostiene la presión en la calle.
En el debate interno también hubo fuertes críticas al Gobierno nacional y a los gobernadores, a quienes los dirigentes sindicales acusan de alinearse con la Casa Rosada y de evitar reuniones en las provincias para discutir el impacto de la reforma laboral.
Pese a las objeciones, en la CGT dan prácticamente por hecho que la reforma será aprobada. Por eso, los esfuerzos actuales se concentran en lograr modificaciones puntuales en el recinto, especialmente en los artículos que afectan el financiamiento sindical y el sistema de obras sociales.
Según trascendió, el Gobierno estaría dispuesto a conceder dos reclamos clave de la central obrera: mantener las cuotas solidarias sindicales y eliminar el artículo que reduce la contribución patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones oficiales, implicaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales.
En cambio, permanecerían sin cambios otros puntos sensibles para los gremios, como la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, la prioridad de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y las restricciones a las asambleas sindicales.