on un aval mayoritario, la Cámara de Diputados avanzará con un tratamiento acelerado de la nueva Ley Penal Juvenil y fijará en 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto se votará el próximo jueves 12, en un debate exprés que se realizará un día después de que el Senado trate la reforma laboral.
El acuerdo se selló en una cumbre encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a jefes de bloque de casi todo el arco político. La iniciativa cuenta con el respaldo de los bloques dialoguistas y solo quedó afuera el kirchnerismo, la izquierda y parte del interbloque Unidos.
Finalmente, la edad punible se estableció en 14 años y no en 13, como impulsaba originalmente el Gobierno. A cambio, el oficialismo aceptó incorporar un punto clave reclamado por las provincias: la posibilidad de pactar con la Nación los recursos presupuestarios y humanos necesarios para aplicar la nueva norma.
El cronograma es ajustado. Este martes se conformarán las comisiones de Justicia y de Familia, Niñez y Juventudes, mientras que el miércoles se reunirán en conjunto con Presupuesto y Legislación Penal para emitir dictamen. La votación en el recinto está prevista para el jueves, con el objetivo de girar el proyecto al Senado antes de los feriados de Carnaval.
La Libertad Avanza retomó como base los consensos logrados en 2025, en un dictamen que perdió estado parlamentario con la renovación del Congreso. En ese marco, el oficialismo aceptó fijar la edad mínima en 14 años, en línea con lo que rige en varios países de la región.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el financiamiento. Las provincias reclamaban garantías para poner en marcha centros especializados de detención, con abordaje médico y socioeducativo para los menores que cometan delitos graves. El texto anterior delegaba esa responsabilidad en el jefe de Gabinete, pero los gobernadores exigían mayor previsibilidad.
Por eso, se incorporó la posibilidad de que cada provincia firme convenios específicos con la Nación para definir qué recursos aporta cada parte. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el cambio “requiere recursos” y remarcó que “sería irracional mezclar adolescentes con adultos”. En la misma línea, Patricia Bullrich había planteado la necesidad de crear institutos regionales, debido a la disparidad de la criminalidad juvenil en el país.
El debate volvió a ganar centralidad tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que fue atacado por tres menores en Santa Fe, un caso que reavivó la discusión que había quedado estancada en 2025.
Además de la Ley Penal Juvenil, Diputados prevé tratar en extraordinarias el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso y su inclusión en la sesión del 12 todavía no está confirmada.