Neuquén.- El fiscal del caso Víctor Salgado y el fiscal jefe Fernando Fuentes formularon cargos a cuatro personas por conformar una asociación ilícita mediante la cual realizaron distintas maniobras defraudatorias que le causaron un perjuicio de alrededor de $128 millones a la municipalidad de Andacollo.
La acusación comprendió a dos funcionarios públicos: Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes), ambos de licencia actualmente; y a dos comerciantes de la localidad, proveedores del municipio a través de un corralón particular, K.C.V y J.C.V.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos cometidos fueron 13 y el monto del perjuicio alcanzó los $128 millones. Las maniobras fueron ejecutadas mediante la conformación de una asociación ilícita, con una estructura organizada y con roles distribuidos. Consistieron en la certificación fantasma de horas de alquiler de maquinaria vial que nunca fueron ejecutadas pero que el municipio pagó; y además la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal, entre otras.
Tras formular los cargos, el fiscal del caso solicitó que la investigación se declare como asunto complejo y que se fije un plazo de 1 año. Argumentó la necesidad en la pluralidad de hechos, de autores (hay más hechos que están bajo investigación) y de víctimas. También precisó que las pericias sobre dos computadoras secuestradas y sobre otro material en soporte digital demandarán, al menos, 3 meses, según se informó desde el organismos encargados de realizarlas.
La querella en representación legal de la municipalidad adhirió a la imputación y a la calificación legal. Además, participó de la audiencia la Fiscalía de Estado, que por el momento no se constituyó como querellante.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, quien estuvo presente en la audiencia realizada.
En una primera etapa de la audiencia, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font tuvo por formulados los cargos, pero consideró que no era necesario declarar el caso como complejo y fijó el plazo para investigar en 3 meses.
Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió hacer un cuarto intermedio hasta este viernes para informar la decisión sobre las medidas cautelares y de embargos.