La Cámara de Diputados convirtió en un duro revés para el Gobierno el debate sobre la emergencia en discapacidad. Con 172 votos afirmativos, más de los dos tercios necesarios, la oposición logró insistir en la ley que había sido vetada por el presidente Javier Milei.
La medida, que establece una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo y actualiza los aranceles de los prestadores, había recibido un amplio respaldo social en las calles con marchas y movilizaciones.
Entre los votos que permitieron revertir el veto se contaron los de dirigentes que fueron parte de alianzas previas con La Libertad Avanza, pero que quedaron marginados del cierre de listas. También acompañaron algunos diputados del PRO y de la UCR, mientras que María Eugenia Vidal y Gabriela Besana optaron por abstenerse.
Hubo además ausencias estratégicas de legisladores oficialistas y aliados que facilitaron el resultado. Entre ellos, tres diputados libertarios y referentes de Pro, Unión por la Patria, la UCR y Democracia.
El Gobierno había justificado el veto por el impacto fiscal, estimado en más de $3 billones para 2025. No obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo menor.
Durante la sesión, las posturas fueron tajantes: desde la oposición acusaron al Presidente de aplicar un “ajuste cruel” contra los sectores más vulnerables, mientras que desde el oficialismo defendieron la decisión como una herramienta constitucional y cuestionaron el déficit heredado.
El debate ahora pasa al Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más desfavorable.