viernes 29 marzo 2024
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Imputaron a Luís Caputo por el bono a 100 años

Capital Federal.- El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas Luís Caputo por la emisión de una deuda a 100 años que podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional”. Lo hizo bajo el delito de presunta administración fraudulenta al Estado Nacional.

La semana pasada, el Gobierno sorprendió a los mercados con la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años, algo que el Ejecutivo calificó como un reflejo de la confianza de los inversores.

El cupón de interés fue de 7,125% y el rendimiento de 7,9%, detalló el Ministerio de Finanzas en una nota de prensa, en donde se destacó que la operación se enmarca en el objetivo del Gobierno «de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo».

Un grupo de trece diputados, encabezado por Darío Martínez, del bloque del FpV-PJ, presentó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por esa operación a la que consideró que «no será algo bueno para el Estado».

Zoni dio curso a la denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria, que ante el juez Ariel Lijo a su vez habían denunciado también al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro Nicolás Dujovne. En el escrito que dirigió al magistrado le pidió que abra la causa para investigar la operatoria y realizar una serie de medidas y diligencias para recabar información sobre la operación.

Para los denunciantes, “este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional, ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra puesta a disposición.” Ahora, el fiscal recogió la denuncia, requirió al juez y pidió investigar a Caputo a la espera de esclarecer si existió un perjuicio para el Estado.

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